lunes, 8 de abril de 2013

Glifosato en la Ciudad de Buenos Aires


Peligro: Usan glifosato para desmalezar en la Ciudad

Creada en los 60 por Monsanto, la peligrosa sustancia no es solo un triste patrimonio de los ámbitos rurales: se usa también en la Ciudad. Desde cáncer hasta malformaciones de todo tipo, su toxicidad va más allá de los 400 metros. Caballito, Puerto Madero, Saavedra, Coghlan, Belgrano, Colegiales y Palermo son algunos de los barrios en los que se utiliza.

Por Clarisa Ercolano

Parece inentendible que en una zona completamente urbanizada la palabra glifosato represente, como lo es actualmente en las áreas rurales, una preocupación para los vecinos. Si bien este agrotóxico cuestionado mundialmente por sus efectos contaminantes tiene una incidencia directa en zonas de cultivos, en la Ciudad se lo usa para mantener a raya el pasto y las malezas, que se secan casi instantáneamente luego de ser rociados por el potente químico.

El glifosato fue creado en los años 60 por la multinacional Monsanto y actualmente se lo combina peligrosamente con otras sustancias para aumentar su eficacia, que no están especificadas en la etiqueta y que producen mayor toxicidad.

Son numerosos los casos de trabajadores rurales cuya salud se vio gravemente deteriorada por administrarlo sin la debida protección, como por ejemplo, la experiencia de Fabián Tomasi, cuyas huellas digitales llegaron a borrarse por el contacto con el herbicida. Sin embargo, en plena plaza Giordano Bruno, en Caballito, se ve a los aplicadores sin máscaras y a quienes están en la zona expuestos directamente a su contacto, que persiste luego impregnado en plantas y en la tierra. El glifosato tiene como mínimo un alcance de 400 metros desde el lugar donde se lo aplica.

Según la EPA (Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos), el glifosato que llega al suelo es fuertemente absorbido, por eso, aunque es altamente soluble en agua, permanece en las capas superiores del suelo y tiene una vida media de más de 60 días.

Ninguna parte de Buenos Aires parece a salvo de este mal. Por caso, en Puerto Madero, mientras la gente come al aire libre, camina o realiza ejercicios, empleados del Gobierno de la Ciudad fumigan con sus mochilas para evitar que crezca maleza entre los adoquines.

Graciela Draguicevich se encontró con este cuadro mientras caminaba por uno de los diques y elevó una denuncia a la fiscalía luego de preguntar a un empleado con qué fumigaba. “Nos envenenan a todos, el empleado ante mi pregunta de qué era lo que estaba fumigando, respondió: ‘Glifosato’. Le dije que se iba a enfermar, que enfermaría a sus futuros hijos. Me dijo que ya lo sabía, que era el único trabajo que pudo conseguir”, relata a NU la mujer, que es técnica en Comunidades Ecológicas.

“Existe un uso y abuso de esta sustancia en todo el país. También se fumigan las vías del tren en plena Capital, se usa para jardines, plazas, banquinas de las rutas por Vialidad Nacional, y los municipios lo usan en todas las zonas parquizadas desconociendo el gran peligro que eso conlleva. Entonces el peligro no solo está en el uso en la agricultura, frutas, verduras, sino también como producto de jardinería”, explica la abogada experta en derecho ambiental Graciela Gómez.

Las calles comprendidas entre Congreso y General Paz, en Saavedra, el puente Superí, cerca de las vías de Belgrano R y la estación Coghlan son otros sectores donde los vecinos denunciaron fumigaciones. Aunque, en este caso, vinculadas a las concesionarias de las empresas de trenes que usan este método para tener despejadas las vías férreas. “Podría haber alcanzado con una máquina de cortar pasto, pero la solución fue mucho más extrema”, señala Gómez.

Las líneas Sarmiento, Roca y Mitre utilizan este método de desmalezamiento que llega hasta los bordes de casas, parques y demás espacios ubicados a la vera del ferrocarril.
Sin embargo, el problema va mucho más allá de los terrenos ferroviarios.

“En cualquier jardín de Avenida del Libertador las porterías están usando glifosato; en las rutas, Vialidad misma; también en plazas y parques donde nuestros chicos juegan”, advierte Gómez. “Esto es una locura imparable. La gente tiene que saber qué se está usando y con qué se está fumigando”, apunta.

El doctor Andrés Carrasco, jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA e investigador principal del organismo, determinó que “concentraciones ínfimas de glifosato, respecto de las usadas en agricultura, son capaces de producir efectos negativos en la morfología de un embrión”.

¿El resultado en laboratorio? Microcefalia, especímenes de un solo ojo y deformidad craneofacial, entre otros. El estudio de Carrasco determinó los riesgos que esta sustancia conlleva para la salud humana: toxicidad subaguda (lesiones en glándulas salivales), toxicidad crónica (inflamación gástrica, problemas respiratorios, alergias), daños genéticos (en células sanguíneas humanas), trastornos reproductivos (reducción de espermatozoides, abortos, malformación fetal), efectos cancerígenos y contaminación de alimentos.

En julio de 2011 otra voz se sumó para alertar. Un extenso informe de Greenpeace afirmaba que el glifosato tiene efectos crónicos para el organismo humano, como cáncer, defectos de nacimiento, daños neurológicos, necrosis y muerte celular en células embrionarias y placentarias.

Las distancias mínimas para la aplicación de agroquímicos no tienen regulación a escala nacional pero casi ninguna ley provincial, ordenanza o cautelar está por debajo de los 500 metros. Algo imposible de cumplir en la Capital, donde se fumiga a solo unos pasos de viviendas, comercios y plazas. ”Aquí no se puede dividir entre área urbana y área rural, porque toda el área es urbana”, se queja Gómez.

Tan laxa es la normativa que, por ejemplo, el ramal de la línea Mitre, en las secciones que corresponden a la provincia de Buenos Aires, no fumiga porque una ordenanza lo prohíbe, pero sí lo hace en el tramo entre General Paz y Retiro, afectando a los barrios de Saavedra, Coghlan, Belgrano, Colegiales y Palermo. “Algo ridículo, como si en la Capital hubiese una suerte de inmunidad”, ironiza la abogada ambientalista.


GRACIELA GÓMEZ (ABOGADA EXPERTA EN DERECHO AMBIENTAL): "CON UN AMPARO DIRECTO SE PUEDE PARAR ESTA LOCURA"

–Si en Capital no hay cultivos, ¿por qué igualmente se usa glifosato?
–Porque el sesgado manual en las vías del ferrocarril parece que da mucho trabajo a los obreros, entonces es mejor fumigar cualquier yuyo y secarlos con glifosato. Pero no solo fumigan las vías sino que tenemos filmaciones y fotos de cómo fumigan los estacionamientos al margen de las vías y todos los automóviles que la gente estaciona allí, sin saber que luego se está en contacto directo con el veneno aplicado sobre manijas y puertas del coche; suben con niños y trasladan el veneno a otros lugares a través del automóvil fumigado.

–Los lugares más denunciados por los vecinos son las plazas, vías y espacios verdes. ¿De qué manera esto puede afectar a la población?

–En todo. Si usted lleva a sus chicos a la plaza o a pasear por el parque, o lleva las mascotas, todos son afectados. Muchas familias y niños que asisten a escuelas en el conurbano, que lindan con las vías del tren fumigadas, son atendidos por exposición; esto lo relata con lujo de detalles el Dr. en Medicina y psiquiatra Marcelo Dignani del Hospital Paroissien (HIGA); se trata no solo de niños sino de familiares que acuden a retirar o a llevar a sus hijos a esas escuelas. Por otra parte, da vergüenza ajena que algunos empleados trabajen a cara descubierta y sin guantes ni botas, o bien, vestidos como astronautas mientras la gente cruza con cochecitos de bebés sin ninguna protección.

–¿Existe algún tipo de regulación en la Ciudad al respecto?

–Solamente el partido de Vicente López y algún que otro municipio tienen ordenanzas al respecto de las vías, pero en la CABA se usa el Round Up como otro elemento de trabajo. Habría que preguntarle al Jefe de Gobierno cómo compran litros y litros del producto, con qué autorización y por asentimiento de qué ingeniero agrónomo, y qué fábrica les provee el producto. Hay muchas denuncias de porterías que en plena Avenida del Libertador usan el matayuyos para los jardines en la fachada de los edificios suntuosos. Se fumigaban también terrenos en el predio de La Rural y la denuncia cayó en manos del Dr. Ricardo Monner Sans, que no la movilizó.

–¿Hay algún tipo de recurso legal que los vecinos puedan tomar?
–Denuncia directa al defensor del Pueblo, y si la prueba es palmaria, violación a la CN y a la Ley de Medioambiente, y se cuenta con los plazos establecidos, un amparo directo para no perder tiempo, porque es la única forma de parar esta locura. Hay que aclarar que la legislación solo toma en cuenta la DL50 (dosis letal), pero no se tiene en cuenta que las aplicaciones continuas en el tiempo, aunque sean pequeñas, son bioacumulables, lo cual es una bomba de tiempo. Eso es lo que denuncié ante el Parlamento Europeo y ante el BID. Este último obligó al Senasa a adaptar la Resolución 350 a categorizar los agroquímicos según la OMS año 2009, con la nueva Resolución 302/2012.
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El Glifosato


El científico argentino Andrés Carrasco  investigó los efectos del Glifosato, sustancia que se emplea para fumigar los cultivos.

Sostiene que concentraciones muy pequeñas de este agroquímico provoca horribles deformaciones en los embriones humanos y animales.


Las consecuencias del "Modelo Sojero"

El drama de La Leonesa: violencia y complicidades en torno al glifosato

El único estudio oficial que vincula el uso de agroquímicos con enfermedades asegura que en los últimos diez años los casos de cáncer en niños se triplicaron. El gobierno provincial rechaza los resultados. "Fuimos víctimas de un manoseo terrible", dice una especialista.


Por Manuel Alfieri.

Al igual que a nivel nacional, en la provincia del Chaco un grupo de ambientalistas, médicos, científicos, vecinos y cierta parte del arco político local vienen denunciando, desde hace años, los devastadores efectos del "modelo sojero": el avance sobre las comunidades originarias y sus tradiciones, la pérdida de empleo, con una cada vez mayor concentración de la riqueza, la contaminación ambiental y el desmonte de miles de hectáreas de bosque nativo para plantar soja, arroz o algodón en sus variedades transgénicas. Pero lo más grave es que, de acuerdo a informes médicos y documentos a los que accedió el diario Tiempo Argentino, los casos de cáncer en niños y las malformaciones en recién nacidos aumentaron deliberadamente, producto de las fumigaciones con agroquímicos que se realizan sobre estos cultivos, a escasos metros de las poblaciones. Además, según denuncian a este diario los especialistas, nadie los escucha. Por el contrario, los amenazan, los atacan, los difaman y los censuran. Mientras, el uso masivo e indiscriminado de glifosato crece aceleradamente, auspiciado por una evidente complicidad entre el poder político local y los grandes empresarios rurales de la zona.

El caso de La Leonesa quizás sea el ejemplo que mejor refleje esta situación. Esta pequeña localidad ubicada a 60 kilómetros de Resistencia, perteneciente al Departamento de Bermejo, con casi 10.000  habitantes y cercana a grandes plantaciones de arroz transgénico, posee el único informe oficial que se conoce en la Argentina sobre los efectos de los agroquímicos en la salud de la población. Y es contundente: en los últimos diez años, los casos de cáncer en niños menores de 15 años se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron un 400%. Sin embargo, por razones poco claras y a pesar de haber sido elaborado por organismos estatales, el gobierno provincial rechaza los resultados del informe.
La media mundial de cáncer en chicos es de 12 a 14 casos cada 100 mil niños. Los datos oficiales de Chaco muestran que en La Leonesa el registro trepa a 20,2. "Este incremento coincide con la expansión de la frontera agrícola (...) vulnerando la salud de la población, debido a que las prácticas y técnicas de cultivo incluyen pulverizaciones aéreas con herbicidas, cuyo principio activo es el glifosato y otros agrotóxicos", afirma el informe, que estuvo a cargo de la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua, formada por decreto del gobernador Jorge Capitanich, el 9 de diciembre de 2009. Capitanich se vio presionado por las denuncias y reiteradas movilizaciones de los vecinos de La Leonesa, fumigados aéreamente con agroquímicos por las arroceras Cancha Larga SA y San Carlos SRL, que funcionan desde hace 15 años, ocupan más de 7000 hectáreas y son propiedad de Eduardo Meichtry. Este empresario, además, fue socio de la firma Servicios Agroaéreos SRL, que se encarga de realizar las denunciadas fumigaciones aéreas. Tiempo intentó comunicarse con Meichtry pero no hubo respuesta.
A pesar de que La Leonesa pertenece al sitio Ramsar Chaco, cuya reserva de agua dulce es una de las más importantes del país, los vecinos denuncian que las fumigaciones no tienen ningún tipo de control estatal, ni cumplen con la legislación ambiental vigente. Esto no resultaría extraño si se tiene en cuenta que para controlar todas las fumigaciones del Chaco hay un solo inspector: el ingeniero Guido Copetti, del área de biocidas, dependiente del Ministerio de Producción y Ambiente provincial.
El estudio de la Comisión pidió, además, que se tomaran "medidas precautorias" y sugirió alejar la aplicación de agroquímicos a por lo menos a 4 kilómetros de la población. La justicia, por su parte, solicitó la realización de un urgente estudio de impacto ambiental y la ampliación de análisis en otras localidades en iguales condiciones. Pero nada de eso ocurrió: el informe fue archivado, nunca fue dado a conocer públicamente y las medidas solicitadas no se llevaron a cabo.
Aunque la Comisión estuvo integrada por profesionales de distintos organismos estatales (Ministerio de Salud y Ministerio de Producción provinciales, la Administración Provincial del Agua, la Universidad Nacional del Nordeste y el Ministerio de Salud de la Nación), una vez que el trabajo se filtró en los medios, el Ministerio de Salud chaqueño, a cargo de Francisco Baquero, relativizó los resultados del mismo.
Una integrante de la Comisión -que prefirió mantenerse en el anonimato- consideró ante este diario que las empresas arroceras y sojeras presionaron ferozmente al gobierno y a los Ministerios de Salud y Producción provinciales por la existencia de "muchos intereses en juego". "Por eso no se hizo nada de todo lo que solicitamos en el informe. Pedimos un estudio epidemiológico serio, que se haga un seguimiento intensivo, que se hagan controles. Pero no hicieron absolutamente nada", agregó, antes de remarcar que "los ministerios provinciales de Agricultura y Salud defienden los intereses de las corporaciones. El ministro de Salud niega o minimiza todo nuestro trabajo que, curiosamente, estuvo hecho con datos y estadísticas que son oficiales. Fuimos víctimas de un manoseo terrible."
Tiempo Argentino había concertado una entrevista telefónica con Baquero, pero fue suspendida a último momento por su asesora debido a que al ministro le surgió "una reunión con el gobernador". Al día siguiente, Baquero estaba de viaje. Voceros del ministerio aseguraron que ningún otro integrante de la institución estaba capacitado para hablar del tema. La única persona que atendió a este cronista fue el ingeniero agrónomo Juan Armando Chancalay, director de Fiscalización y Control Fitosanitario del Ministerio de Producción y Ambiente chaqueño, organismo que participó en la elaboración del estudio. Chancalay, al igual que los responsables de la salud provincial, rechazó los resultados del informe y expresó: "Jamás recibimos algún tipo de presión por un pool de siembra o empresario rural. Descarte eso totalmente." (ver recuadro página 20).
El diputado provincial Carlos Martínez, del Movimiento Libres del Sur, añadió que ningún integrante del parlamento chaqueño pudo ver siquiera la copia del informe. "Lo ocultan, está cajoneado. Nos niegan el acceso a información que es pública", detalló.
-¿Por qué cree que las autoridades lo ocultan?
-Supongo que es porque Capitanich no se esperaba unos resultados tan duros. Pero principalmente, creo que tiene que ver con que en este tema se esconde un esquema de funcionamiento cuasimafioso, plagado de amenazas, censuras y hechos de violencia contra quienes denuncian lo perverso del modelo sojero, y en defensa de ciertos intereses concentrados muy importantes.

La denuncia del diputado Martínez se refleja en los hechos. El 7 de agosto del año pasado, poco tiempo después de que se conocieran los resultados del informe, el doctor Andrés Carrasco viajó a La Leonesa para dar una conferencia sobre los efectos de los agroquímicos en la salud humana. El estudioso y docente de la UBA, que trabaja desde hace casi 30 años en desarrollo embrionario y fue presidente del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) realizó una investigación en el año 2009 en la que comprobó que el glifosato produce malformaciones neuronales, intestinales y cardíacas, aun en dosis muy inferiores a las utilizadas en los campos argentinos.
Lo cierto es que el científico nunca pudo dar su charla abierta en La Leonesa. Un grupo de empleados municipales y ex trabajadores arroceros, encabezados por el intendente del pueblo, José Carbajal, y su esposa, Elda Insaurralde (diputada provincial por el PJ), golpearon y amenazaron a quienes acompañaban a Carrasco e impidieron el desarrollo de la conferencia (ver fotos), dejando al descubierto la red de complicidades existente entre el poder político local y los productores rurales de la zona. También fueron agredidos diputados y periodistas que denuncian, junto con organizaciones ambientalistas, los efectos de las fumigaciones desde hace años. Entre los agresores se encontraba Jorge Miles Fernández, un guardaespaldas de Carbajal detenido en diciembre del año pasado por tráfico de estupefacientes.
Dante Fernández, periodista chaqueño, fue atacado directamente por el intendente de La Leonesa. En diálogo con este diario, aseguró: "Viví mucho tiempo con miedo. Lo grave es que son muy pocos los medios en donde se puede denunciar esto, hay mucha guita en este tema. Nos quieren hacer creer que es una cuestión política, pero es económica: si se prohíbe el glifosato, se les va a terminar el negocio a muchos."
A pesar de la contundencia de las fotografías y videos registrados por los vecinos, el pedido de arresto del intendente Carbajal y su esposa (por coacción agravada y amenazas) fue desoído por la justicia y el caso quedó sumido en la más completa impunidad. Incluso, cuando la Legislatura provincial y Amnistía Internacional repudiaran el hecho.
Lo mismo sucedió con las fumigaciones. Según el diputado Carlos Martínez, "está todo igual o peor. El informe no tuvo ninguna consecuencia en lo que respecta a medidas concretas y las fumigaciones se siguen haciendo sin control." En tanto, la justicia de Resistencia advirtió en un fallo reciente que el Ministerio de Salud chaqueño no "ha dado cumplimiento al control médico de la población vecina de los establecimientos arroceros, con el fin de constatar el estado de salud de la misma como consecuencia de las actividades desarrolladas por tales establecimientos."
La provincia de Chaco está al mando de Jorge Milton Capitanich, hombre vinculado a empresas del agro. La firma Agronea SA, que se dedica al cultivo de arroz, según la información comercial disponible, fue creada en 1997 y perteneció al gobernador hasta 1999. Otra de sus sociedades, M-Unit SRL, fue parte fundadora de Fondagro, un fondo común cerrado de inversión dedicado a la explotación agrícola de grandes extensiones de tierra donde se cultiva, principalmente, soja. Allí estuvo formalmente hasta el año 2002. Aunque Capitanich abandonó estas dos empresas hace ya tiempo, ambas firmas quedaron en manos de los hermanos Raúl y José Antonio Fernández, amigos y compañeros de estudio del gobernador.
Su posición a favor de la soja transgénica se refleja en el libro La Sumergida, que publicó en 1998. En la página 153 propone al cultivo como una buena alternativa: "La soja primavera y las nuevas variedades transgénicas posibilitan con una meteorología normal la obtención de buenos rendimientos, lo cual hace viable el cultivo y rentable este tipo de emprendimientos", escribió.
Otra explicación posible para la habitual pasividad del gobierno chaqueño ante el problema de las fumigaciones con glifosato, aparece en un cable de WikiLeaks publicado por el diario Página/12, que informa sobre la visita del entonces presidente de Monsanto Argentina, Juan Ferreyra, a la embajada estadounidense en agosto de 2008. Allí se lee: "Ferreyra dijo que Monsanto estaba teniendo buenas conversaciones con productores de algodón para expandir el uso de algodón transgénico en la provincia del Chaco, en el norte argentino, y cooperar allí." Más adelante, precisó: "El 12 de agosto Monsanto firmó un acuerdo de cooperación con el gobernador del Chaco. El embajador pudo apoyar esta iniciativa con una nota en la página editorial del principal diario del Chaco y conversaciones con el gobernador ese mismo día. El gobernador Capitanich se mostró muy entusiasmado en trabajar con Monsanto para mejorar y expandir la producción local de algodón."
La diputada nacional Alcira Argumedo, de Proyecto Sur, no se mostró sorprendida por el cable estadounidense: "Lo que se vio históricamente y lo que se ve en el gobernador Capitanich es una marcada propensión al desmonte de bosques nativos y al desalojo de indígenas o campesinos bajo la bandera del progreso sojero." En esa misma línea de denuncia, el informe Lluvias transgénicas, del Centro de Estudios e Investigación Social Mandela, de la provincia de Chaco, sentencia: "Mientras los dueños de las arroceras y de las restantes chacras transgénicas se nutren y benefician de las fumigaciones aéreas que se llevan adelante sin ningún tipo de control por parte del Estado, ahora se auspicia ampliar la cuenca arrocera a 15 mil hectáreas, sin reglas mínimas en materia de promoción y preservación del medioambiente, sin controles, de manera que los productivistas hacen y harán lo que quieran frente a un Estado absolutamente permisivo." <

Agradecimientos: Brian Pellegrini