Por Manuel Alfieri.
Al igual que a nivel nacional, en la provincia del Chaco un grupo de ambientalistas, médicos, científicos, vecinos y cierta parte del arco político local vienen denunciando, desde hace años, los devastadores efectos del "modelo sojero": el avance sobre las comunidades originarias y sus tradiciones, la pérdida de empleo, con una cada vez mayor concentración de la riqueza, la contaminación ambiental y el desmonte de miles de hectáreas de bosque nativo para plantar soja, arroz o algodón en sus variedades transgénicas. Pero lo más grave es que, de acuerdo a informes médicos y documentos a los que accedió el diario Tiempo Argentino, los casos de cáncer en niños y las malformaciones en recién nacidos aumentaron deliberadamente, producto de las fumigaciones con agroquímicos que se realizan sobre estos cultivos, a escasos metros de las poblaciones. Además, según denuncian a este diario los especialistas, nadie los escucha. Por el contrario, los amenazan, los atacan, los difaman y los censuran. Mientras, el uso masivo e indiscriminado de glifosato crece aceleradamente, auspiciado por una evidente complicidad entre el poder político local y los grandes empresarios rurales de la zona.
El caso de La Leonesa quizás sea el ejemplo que mejor refleje esta situación. Esta pequeña localidad ubicada a 60 kilómetros de Resistencia, perteneciente al Departamento de Bermejo, con casi 10.000 habitantes y cercana a grandes plantaciones de arroz transgénico, posee el único informe oficial que se conoce en la Argentina sobre los efectos de los agroquímicos en la salud de la población. Y es contundente: en los últimos diez años, los casos de cáncer en niños menores de 15 años se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron un 400%. Sin embargo, por razones poco claras y a pesar de haber sido elaborado por organismos estatales, el gobierno provincial rechaza los resultados del informe.
La media mundial de cáncer en chicos es de 12 a 14 casos cada 100 mil niños. Los datos oficiales de Chaco muestran que en La Leonesa el registro trepa a 20,2. "Este incremento coincide con la expansión de la frontera agrícola (...) vulnerando la salud de la población, debido a que las prácticas y técnicas de cultivo incluyen pulverizaciones aéreas con herbicidas, cuyo principio activo es el glifosato y otros agrotóxicos", afirma el informe, que estuvo a cargo de la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua, formada por decreto del gobernador Jorge Capitanich, el 9 de diciembre de 2009. Capitanich se vio presionado por las denuncias y reiteradas movilizaciones de los vecinos de La Leonesa, fumigados aéreamente con agroquímicos por las arroceras Cancha Larga SA y San Carlos SRL, que funcionan desde hace 15 años, ocupan más de 7000 hectáreas y son propiedad de Eduardo Meichtry. Este empresario, además, fue socio de la firma Servicios Agroaéreos SRL, que se encarga de realizar las denunciadas fumigaciones aéreas. Tiempo intentó comunicarse con Meichtry pero no hubo respuesta.
A pesar de que La Leonesa pertenece al sitio Ramsar Chaco, cuya reserva de agua dulce es una de las más importantes del país, los vecinos denuncian que las fumigaciones no tienen ningún tipo de control estatal, ni cumplen con la legislación ambiental vigente. Esto no resultaría extraño si se tiene en cuenta que para controlar todas las fumigaciones del Chaco hay un solo inspector: el ingeniero Guido Copetti, del área de biocidas, dependiente del Ministerio de Producción y Ambiente provincial.
El estudio de la Comisión pidió, además, que se tomaran "medidas precautorias" y sugirió alejar la aplicación de agroquímicos a por lo menos a 4 kilómetros de la población. La justicia, por su parte, solicitó la realización de un urgente estudio de impacto ambiental y la ampliación de análisis en otras localidades en iguales condiciones. Pero nada de eso ocurrió: el informe fue archivado, nunca fue dado a conocer públicamente y las medidas solicitadas no se llevaron a cabo.
Aunque la Comisión estuvo integrada por profesionales de distintos organismos estatales (Ministerio de Salud y Ministerio de Producción provinciales, la Administración Provincial del Agua, la Universidad Nacional del Nordeste y el Ministerio de Salud de la Nación), una vez que el trabajo se filtró en los medios, el Ministerio de Salud chaqueño, a cargo de Francisco Baquero, relativizó los resultados del mismo.
Una integrante de la Comisión -que prefirió mantenerse en el anonimato- consideró ante este diario que las empresas arroceras y sojeras presionaron ferozmente al gobierno y a los Ministerios de Salud y Producción provinciales por la existencia de "muchos intereses en juego". "Por eso no se hizo nada de todo lo que solicitamos en el informe. Pedimos un estudio epidemiológico serio, que se haga un seguimiento intensivo, que se hagan controles. Pero no hicieron absolutamente nada", agregó, antes de remarcar que "los ministerios provinciales de Agricultura y Salud defienden los intereses de las corporaciones. El ministro de Salud niega o minimiza todo nuestro trabajo que, curiosamente, estuvo hecho con datos y estadísticas que son oficiales. Fuimos víctimas de un manoseo terrible."
Tiempo Argentino había concertado una entrevista telefónica con Baquero, pero fue suspendida a último momento por su asesora debido a que al ministro le surgió "una reunión con el gobernador". Al día siguiente, Baquero estaba de viaje. Voceros del ministerio aseguraron que ningún otro integrante de la institución estaba capacitado para hablar del tema. La única persona que atendió a este cronista fue el ingeniero agrónomo Juan Armando Chancalay, director de Fiscalización y Control Fitosanitario del Ministerio de Producción y Ambiente chaqueño, organismo que participó en la elaboración del estudio. Chancalay, al igual que los responsables de la salud provincial, rechazó los resultados del informe y expresó: "Jamás recibimos algún tipo de presión por un pool de siembra o empresario rural. Descarte eso totalmente." (ver recuadro página 20).
El diputado provincial Carlos Martínez, del Movimiento Libres del Sur, añadió que ningún integrante del parlamento chaqueño pudo ver siquiera la copia del informe. "Lo ocultan, está cajoneado. Nos niegan el acceso a información que es pública", detalló.
-¿Por qué cree que las autoridades lo ocultan?
-Supongo que es porque Capitanich no se esperaba unos resultados tan duros. Pero principalmente, creo que tiene que ver con que en este tema se esconde un esquema de funcionamiento cuasimafioso, plagado de amenazas, censuras y hechos de violencia contra quienes denuncian lo perverso del modelo sojero, y en defensa de ciertos intereses concentrados muy importantes.
La denuncia del diputado Martínez se refleja en los hechos. El 7 de agosto del año pasado, poco tiempo después de que se conocieran los resultados del informe, el doctor Andrés Carrasco viajó a La Leonesa para dar una conferencia sobre los efectos de los agroquímicos en la salud humana. El estudioso y docente de la UBA, que trabaja desde hace casi 30 años en desarrollo embrionario y fue presidente del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) realizó una investigación en el año 2009 en la que comprobó que el glifosato produce malformaciones neuronales, intestinales y cardíacas, aun en dosis muy inferiores a las utilizadas en los campos argentinos.
Lo cierto es que el científico nunca pudo dar su charla abierta en La Leonesa. Un grupo de empleados municipales y ex trabajadores arroceros, encabezados por el intendente del pueblo, José Carbajal, y su esposa, Elda Insaurralde (diputada provincial por el PJ), golpearon y amenazaron a quienes acompañaban a Carrasco e impidieron el desarrollo de la conferencia (ver fotos), dejando al descubierto la red de complicidades existente entre el poder político local y los productores rurales de la zona. También fueron agredidos diputados y periodistas que denuncian, junto con organizaciones ambientalistas, los efectos de las fumigaciones desde hace años. Entre los agresores se encontraba Jorge Miles Fernández, un guardaespaldas de Carbajal detenido en diciembre del año pasado por tráfico de estupefacientes.
Dante Fernández, periodista chaqueño, fue atacado directamente por el intendente de La Leonesa. En diálogo con este diario, aseguró: "Viví mucho tiempo con miedo. Lo grave es que son muy pocos los medios en donde se puede denunciar esto, hay mucha guita en este tema. Nos quieren hacer creer que es una cuestión política, pero es económica: si se prohíbe el glifosato, se les va a terminar el negocio a muchos."
A pesar de la contundencia de las fotografías y videos registrados por los vecinos, el pedido de arresto del intendente Carbajal y su esposa (por coacción agravada y amenazas) fue desoído por la justicia y el caso quedó sumido en la más completa impunidad. Incluso, cuando la Legislatura provincial y Amnistía Internacional repudiaran el hecho.
Lo mismo sucedió con las fumigaciones. Según el diputado Carlos Martínez, "está todo igual o peor. El informe no tuvo ninguna consecuencia en lo que respecta a medidas concretas y las fumigaciones se siguen haciendo sin control." En tanto, la justicia de Resistencia advirtió en un fallo reciente que el Ministerio de Salud chaqueño no "ha dado cumplimiento al control médico de la población vecina de los establecimientos arroceros, con el fin de constatar el estado de salud de la misma como consecuencia de las actividades desarrolladas por tales establecimientos."
La provincia de Chaco está al mando de Jorge Milton Capitanich, hombre vinculado a empresas del agro. La firma Agronea SA, que se dedica al cultivo de arroz, según la información comercial disponible, fue creada en 1997 y perteneció al gobernador hasta 1999. Otra de sus sociedades, M-Unit SRL, fue parte fundadora de Fondagro, un fondo común cerrado de inversión dedicado a la explotación agrícola de grandes extensiones de tierra donde se cultiva, principalmente, soja. Allí estuvo formalmente hasta el año 2002. Aunque Capitanich abandonó estas dos empresas hace ya tiempo, ambas firmas quedaron en manos de los hermanos Raúl y José Antonio Fernández, amigos y compañeros de estudio del gobernador.
Su posición a favor de la soja transgénica se refleja en el libro La Sumergida, que publicó en 1998. En la página 153 propone al cultivo como una buena alternativa: "La soja primavera y las nuevas variedades transgénicas posibilitan con una meteorología normal la obtención de buenos rendimientos, lo cual hace viable el cultivo y rentable este tipo de emprendimientos", escribió.
Otra explicación posible para la habitual pasividad del gobierno chaqueño ante el problema de las fumigaciones con glifosato, aparece en un cable de WikiLeaks publicado por el diario Página/12, que informa sobre la visita del entonces presidente de Monsanto Argentina, Juan Ferreyra, a la embajada estadounidense en agosto de 2008. Allí se lee: "Ferreyra dijo que Monsanto estaba teniendo buenas conversaciones con productores de algodón para expandir el uso de algodón transgénico en la provincia del Chaco, en el norte argentino, y cooperar allí." Más adelante, precisó: "El 12 de agosto Monsanto firmó un acuerdo de cooperación con el gobernador del Chaco. El embajador pudo apoyar esta iniciativa con una nota en la página editorial del principal diario del Chaco y conversaciones con el gobernador ese mismo día. El gobernador Capitanich se mostró muy entusiasmado en trabajar con Monsanto para mejorar y expandir la producción local de algodón."
La diputada nacional Alcira Argumedo, de Proyecto Sur, no se mostró sorprendida por el cable estadounidense: "Lo que se vio históricamente y lo que se ve en el gobernador Capitanich es una marcada propensión al desmonte de bosques nativos y al desalojo de indígenas o campesinos bajo la bandera del progreso sojero." En esa misma línea de denuncia, el informe Lluvias transgénicas, del Centro de Estudios e Investigación Social Mandela, de la provincia de Chaco, sentencia: "Mientras los dueños de las arroceras y de las restantes chacras transgénicas se nutren y benefician de las fumigaciones aéreas que se llevan adelante sin ningún tipo de control por parte del Estado, ahora se auspicia ampliar la cuenca arrocera a 15 mil hectáreas, sin reglas mínimas en materia de promoción y preservación del medioambiente, sin controles, de manera que los productivistas hacen y harán lo que quieran frente a un Estado absolutamente permisivo." <
Agradecimientos: Brian Pellegrini
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